Gobierno Dominicano niega vínculos comerciales con red del "Caso Koldo" en España
El Palacio Nacional aclara que las empresas mencionadas en la investigación judicial española no figuran como proveedores del Estado desde agosto de 2020.
Transparencia frente al escándalo internacional
El nombre de la República Dominicana salió a relucir en las transcripciones de la Guardia Civil española, donde se detalla que Víctor de Aldama, uno de los cerebros operativos de la red, habría intentado abrir canales de negocio en el país durante el año 2020 para la venta de insumos médicos.
Ante esto, el Ejecutivo dominicano fue enfático: "Desde el inicio de nuestra gestión en agosto de 2020, no se ha suscrito ningún contrato ni se han realizado pagos a las empresas vinculadas a este proceso judicial en España".
Lista de empresas bajo la lupa
El comunicado oficial menciona específicamente que las siguientes entidades no poseen registros de operaciones con el Estado dominicano bajo el actual mandato:
Pronalab
Modular HV Corp
Reusa
GSI Dominicana
Megalab Eurofins
Un intento de conexión fallido
Según los informes de la fiscalía española, la red de corrupción —que involucra a Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos— buscaba expandirse internacionalmente aprovechando la crisis sanitaria de la COVID-19. Los documentos sugieren que hubo gestiones para establecer contactos de alto nivel en el Caribe, sin embargo, el gobierno dominicano insiste en que estas tentativas fueron unilaterales y no se tradujeron en beneficios comerciales ni contratos públicos.
Impacto y reacciones
Este desmentido busca blindar la reputación de transparencia del país, evitando que el ruido político generado en España contamine la agenda local. El Caso Koldo ha provocado una tormenta política en la nación europea, y la mención de República Dominicana en el expediente ha obligado a una reacción rápida por parte del Palacio Nacional para aclarar cualquier duda sobre el manejo de los fondos públicos y las contrataciones de emergencia.
El Gobierno concluyó reafirmando su compromiso con la ética gubernamental y el estricto cumplimiento de la Ley de Compras y Contrataciones, asegurando que cualquier intento de tráfico de influencias será investigado conforme a las leyes dominicanas.
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