El Gobierno mantiene congelada la indexación salarial mientras crecen las disparidades en el sueldo público
SANTO DOMINGO – En un escenario de creciente presión inflacionaria, el Gobierno ha ratificado su negativa a aplicar la indexación salarial —el ajuste automático de los sueldos conforme al costo de la vida— alegando restricciones presupuestarias y la necesidad de mantener la estabilidad macroeconómica. Sin embargo, esta postura contrasta con las recientes denuncias sobre un "descontrol" en las remuneraciones de altos funcionarios y dependencias estatales específicas.
El muro de la indexación
Para el trabajador promedio, la falta de indexación se traduce en una pérdida sostenida del poder adquisitivo. Mientras la canasta básica continúa su tendencia al alza, los tramos exentos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) no han sido actualizados, lo que provoca que un segmento de la población pague impuestos sobre salarios que ya no cubren sus necesidades mínimas.
Desde el Ejecutivo, el discurso se centra en la "prudencia fiscal", advirtiendo que un ajuste masivo podría disparar el gasto público a niveles insostenibles.
Disparidad y falta de control
El malestar social se ha intensificado al filtrarse datos sobre los beneficios en otras áreas del aparato estatal. Diversos sectores denuncian que, mientras se le pide austeridad a la clase trabajadora, en el sector público impera una realidad distinta:
• Aumentos discrecionales: Incrementos en nóminas de instituciones descentralizadas que no responden a una escala salarial unificada.
• Bonificaciones excesivas: Persistencia de incentivos, gastos de representación y "sueldos catorce" en altos niveles jerárquicos.
• Falta de fiscalización: Críticos señalan que el Ministerio de Administración Pública no ha logrado frenar la autonomía con la que ciertas entidades fijan sus propios salarios, creando una brecha injusta respecto a los servidores públicos de carrera.
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